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La juez Lamela resucita el Código Penal del franquismo en el Proceso al Govern de Puigdemont

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<a href="../../-tXcBNoSXzY4/WgRH52dnemI/AAAAAAAAIv4/G2GIOHjsAisFN6FpgXZm0KCWA5mpVzqxACLcBGAs/s1600/Secesionistas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1000" height="181" src="../../-tXcBNoSXzY4/WgRH52dnemI/AAAAAAAAIv4/G2GIOHjsAisFN6FpgXZm0KCWA5mpVzqxACLcBGAs/s320/Secesionistas.jpg" width="320"/></a></div>
 
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
La juez Lamela, Magistrada del
Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional ha resucitado el
Código Penal franquista de 1973 y que estuvo inalterado <a href="https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-17890">hasta 1983</a> y
finalmente derogado en el año 2010, con el 
fin de poder justificar mediante este malabarismo jurídico, la
competencia de la Audiencia Nacional a la hora de procesar a todos los miembros
del cesado Gobierno de la Generalitat catalana tras la aplicación del artículo
155 de la Constitución, por parte del Gobierno del Partido Popular.<o:p></o:p></div>
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Antes de continuar, he de dejar
claro que mantengo una posición contraria al secesionismo propugnado por el
Gobierno de Puigdemont, un Gobierno sustentado por el partido político
Convergencia, manchado por innumerables casos de corrupción y que hasta este
momento, fue uno de los pilares de sustentación del Régimen del 78 y que además
junto al resto de sus socios de gobierno, replicando dicho Régimen en la Ley de
Transitoriedad de la República Catalana, aplicó un férreo control de la
Justicia, por parte del Ejecutivo y del partido/os mayoritario del Parlamento
catalán, subyugando la separación de poderes, elemento esencial como contrapeso
de una democracia, dejando el poder judicial al dictado del poder ejecutivo.
Este punto de vista, ya se explicó en este blog en el artículo titulado “<a href="../../2017/10/el-cainismo-del-regimen-del-78-en-cataluna.html">El
Cainismo del Régimen del 78 en Cataluña</a>”<o:p></o:p></div>
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Al mismo tiempo, expreso el
obligado respeto las resoluciones judiciales, pero eso no supone que no pueda
poner en tela de juicio su interpretación, en el momento que esta entre en
conflicto con Derechos Fundamentales previstos en <a href="../../legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf">la
Constitución</a> o en la <a href="https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2010-70003">Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea</a>, desde mi punto de vista.<o:p></o:p></div>
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Como ya he dicho, si bien no
estoy de acuerdo con la secesión de Cataluña, menos lo estoy con la
conculcación de derechos fundamentales que presuntamente han sufrido los
miembros del cesado Gobierno Catalán. <o:p></o:p></div>
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En primer lugar, resulta
sospechoso que el Fiscal General haya esperado a que estuviera de guardia la
juez Lamela, la misma que admitió la querella contra los Jordis y su encarcelación
preventiva, con argumentos similares a los utilizados en la querella contra el
Govern. <o:p></o:p></div>
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En segundo lugar, es preocupante
que aun cuando el Fiscal General es seguro que es conocedor que la Audiencia
Nacional no es la instancia competente para juzgar los delitos de rebeldía,
sedición y malversación por los que son acusados los miembros del Govern, haya
forzado la presentación de la querella en la Audiencia Nacional en busca de un
Magistrado que aparentemente considere proclive a aceptar tanto el relato de
los hechos, como la interpretación jurídica de la fiscalía, de los mismos.<o:p></o:p></div>
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<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
La Fiscalía General conoce el
auto dictado por el Pleno de <a href="../../fpa/pdf/spain_20081202.pdf">la Sala de lo Penal de
esta Audiencia Nacional de fecha 2 de diciembre de 2008</a> y que determina que
la audiencia nacional no es competente en relación con los delitos de rebelión
o sedición, aun cuando el voto particular de tres magistrados argumentaba que
los artículos 163 y 164, delitos contra la Forma de Gobierno, del <a href="http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/d3096-1973.html#a164">Decreto
3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código Penal, Texto
Refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre</a>, estaba vigente en
aquel momento,  y por lo tanto permitía
vincular directamente los artículos 163 y 164, con el artículo 65.1 de la LOPJ,
delitos contra Altos Organismos de la Nación y la Forma de Gobierno,
concediendo el marco competencial a la Audiencia Nacional.<o:p></o:p></div>
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 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Si bien se puede reconocer que en
2008, con el Código Penal franquista del 73 que se mantenía vigente, provocando
diversas interpretaciones en relación a las competencias entre la Audiencia
Nacional y el Tribunal Supremo de ciertos delitos como el de sedición o el de
rebeldía, la propia Audiencia Nacional determinó que el órgano competente para
ese tipo de delitos, era el Tribunal Supremo.<o:p></o:p></div>
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 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Si tenemos en cuenta que ya en
2008, cuando aún el Código Penal de 1973 estaba vigente, la Audiencia Nacional
consideró que la competencia para delitos de rebeldía y sedición era del
Tribunal Supremo, en 2017, tras haber transcurrido 7 años de la derogación del
Código Penal del 73 y con una clara sentencia de la Audiencia Nacional
determinando la competencia del Supremo en el tipo de delitos con los que el
Fiscal General acusa al Gobierno de Puigdemot, parece razonable pensar que
presuntamente el Fiscal General acudiera a la Audiencia Nacional por razones
políticas y no jurídicas, lo cual pone en entredicho no sólo las funciones que
se le asignan al Fiscal General, sino la querella en sí misma, pudiendo ser
este, motivo de nulidad.<o:p></o:p></div>
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 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
En tercer lugar, es cuestionable
la argumentación de la juez Lamela respecto a la competencia de su juzgado en
la querella criminal contra Puigdemont y sus Consejeros, no sólo por lo argumentado
anteriormente respecto a la sentencia de la Audiencia Nacional de 2008 y a la
imposibilidad de aplicar una legislación ya derogada en este momento, como la
de 1973 y que deja vacío de contenido el artículo 65.1 de la LOPJ, sino también
por la simple mención de los artículos 163 y 164 del Código Penal franquista y
que sirvieron a la dictadura para reprimir la libertad de expresión,
pensamiento e información, que en el año 1978 compusieron la piedra angular de
los Derechos Fundamentales  de la actual
Constitución española.<o:p></o:p></div>
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 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Parece poco coherente, que si
bien la querella presentada por el Fiscal General se supone que tienen por
objeto la defensa de la Constitución española, el juzgado que la recibe,
utilice un articulado que se utilizó precisamente para reprimir los valores
fundamentales de la Constitución.<o:p></o:p></div>
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 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
El portal jurídico “Guías
Jurídicas” <a href="http://www.guiasjuridicas.com/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjI0sDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoApOla2TUAAAA=WKE#I4">en
un pequeño artículo describe perfectamente el significado de los Delitos contra
la Forma de Gobierno</a> y que transcribo literalmente:<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
“La definición de los delitos contra la seguridad interior del Estado
está intrínsecamente unida a la forma del Estado de que se trate. En un estado
democrático se pueden conceptuar como aquellos delitos que tratan de proteger a
los ciudadanos para que el estado ajuste su actuación a las normas
constitucionales, mientras que en un sistema no democrático sino totalitario o
autoritario del estado serían aquellos delitos que protegen la seguridad de
quien detenta el poder.<o:p></o:p></div>
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 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
La segunda concepción es la que
dominaba el contenido del Código Penal de 1973, anterior al actualmente
vigente, que regulaba estos delitos, bajo esa rúbrica, en el título II,
artículos 142 a 268. Esta
regulación procedía de la Ley de Seguridad del Estado que fue incorporada al
Código Penal de 1944 prohibiendo los partidos políticos penalmente y castigando
como delito el ejercicio de libertades políticas. Esta evolución siguió con la
reforma de 15 de noviembre de 1971 y con la Ley Antiterrorista de 26 de agosto
de 1975.” <o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Es necesario recordar que el
artículo 163 del Código Penal del 73 citado por la juez Lamela contenía hasta
la reforma de 1983, el castigo de pena
de muerte (reclusión mayor a muerte) y que con dicha reforma se
transformó  en “reclusión mayor en su
grado máximo”.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Por desgracia los artículos
utilizados por Lamela en referencia a la seguridad del Estado, conectan con sus
equivalentes del Código de Justicia Militar y más en concreto con el 294.<o:p></o:p></div>
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 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Para comprender el alcance del
artículo 294 bis, es necesario hacer referencia al “<a href="https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-18072">Decreto ley
10/1975, de 26 de agosto, sobre prevención del terrorismo</a>.” Y en concreto al artículo cuatro que
describe quienes quedarían juzgados bajo la jurisdicción militar y no bajo la
justicia civil: “Artículo cuarto. Declarados fuera de la Ley los grupos u
organizaciones comunistas, anarquistas, separatistas y aquellos otros que
preconicen o empleen la violencia como instrumento de acción política o social,
los que organizaren o dirigieren estos grupos, los meros afiliados y los que,
mediante sus aportaciones en dinero, medios materiales o de cualquier otra
manera auxiliaren al grupo u organización, incurrirán respectivamente en el
grado máximo de las penas previstas en el Código Penal para las asociaciones
ilícitas de aquella naturaleza.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
A quienes, por cualquier medio, realizaren propaganda de los anteriores
grupos u organizaciones que vaya dirigida a promover o difundir sus
actividades, se les impondrá la pena correspondiente a tal delito en su grado
máximo.”<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
El Decreto Ley de 1975 será
esencial en uno de los últimos actos sangrientos por parte de la dictadura
franquista en autodefensa de su estado golpista,<a href="http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/09/05/pagina-5/34205358/pdf.html?search=%22Jos%C3%A9%20Luis%20S%C3%A1nchez-Bravo%22">
el fusilamiento el 27 de septiembre de 1975 de tres miembros del Frente
Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), José Humberto Baena, José Luis
Sánchez Bravo y Ramón García Sanz y dos de ETA político-militar, Juan Paredes
Manot (Txiki) y Ángel Otaegui</a>.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Por lo tanto, el uso de la
magistrada de la Audiencia Nacional Lamelas de los artículos 163 y 164 del
derogado Código Penal de 1973, como mínimo se podría calificar como desacertado
y carente de eficacia jurídica en el caso que nos atañe.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
En cuarto lugar, desde mi punto
de vista, la Magistrada Lamela ha incumplido el artículo 24.1 de la
Constitución sobre la Tutela Judicial efectiva, al no conceder un tiempo
prudencial para construir una adecuada defensa de los imputados teniendo en
cuenta la gravedad de las acusaciones, la extensión de las penas y como
consecuencia de ello, el ingreso en prisión condicional.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Resulta poco sostenible, que la
juez Lamela argumente con el fin de justificar la correcta aplicación de la
tutela judicial efectiva en base a que los acusados no pidieron la suspensión
por falta de tiempo para preparar su defensa y a renglón seguido, especifica
que en el caso de Vila sí que se pidió la suspensión por parte de su abogado y
que no le fue concedida.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
La protección que ofrece la
Tutela judicial efectiva no sólo mana de los acusados, sino que aunque estos no
apelaran a ella, no es motivo para que el juez no la aplique al ser un derecho
fundamental protegido por la Constitución y por lo tanto "quedando en una
situación tal que le es imposible alegar o defenderse" (Sentencia del
Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2007).<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Quinto, respecto al delito de rebelión,
la Magistrada de la Audiencia Nacional da por válido el relato de los hecho del
Fiscal General y por ello considera que existen indicios suficientes del delito
de Sedición en base al artículo 472.5, cuando realmente ni existe, ni ha
existido una Declaración Unilateral de Independencia efectiva, sino simplemente
una Propuesta de Resolución sin carácter vinculante de Ley, ni de texto
normativo.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
En este sentido y teniendo en cuenta
que la Propuesta de Resolución de la DUI se materializo en el marco del
Parlamento catalán, no fue propuesta del Gobierno de la Generalitat  sino por el Grupo Parlamentario Junts Per Si
y tampoco constituyo un acto de gobierno, el delito de Rebelión del artículo
472.5 no se daría.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Para aquellos que quieran leer
más sobre la NO Aprobación de la DUI, lo pueden hacer en el artículo escrito en
este mismo blog y titulado “<a href="../../2017/10/a-ver-si-nos-enteramos-ni-espana-es-soberana-ni-cataluna-independiente.html">A
ver si nos enteramos, ni España es soberana, ni Cataluña ha declarado la
independencia</a>”<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Sexto, en cuanto al delito de
Sedición de los artículos 544 y siguientes, la Magistrada de la Audiencia
Nacional asume absolutamente el relato de la Fiscalía General y su visión
restrictiva respecto al derecho de manifestación, reunión y en definitiva,
expresión protegidos en la Constitución por los artículos 20.1 a), d),  21.1 y 21.2 y el la “Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea” artículo 10.1 y 12.1, 12.2.<o:p></o:p></div>
 
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Si leemos atentamente el Auto de
2 de noviembre de 2017 donde se comunica a los miembros del Govern su
detención, comunicada y sin fianza, se pude leer  descripciones tales como:” Destacable también
es el llamamiento a la huelga general el día 3 de octubre, que nada tuvo que
ver con una reclamación de derechos o mejora de las condiciones laborales. Todo
ello a favor del proceso político independentista. “  que no sólo suponen una visión restrictiva del
derecho a huelga, sino que entra en conflicto con la expresión del artículo
11.d) Real Decreto-Ley 17/1977 “el
interés profesional de los trabajadores” que no necesariamente se restringe
a peticiones estrictamente laborales, sino que también se refiere a por ejemplo
políticas sociales del Gobierno como reconoce la  SSTS 2 febrero 1987 y 23 octubre 1989
(RJ1989, 7533), manteniendo que los efectos de la huelga solidaria repercutan
de alguna forma en los intereses de los trabajadores huelguistas, aunque sea
por el solo hecho de pertenecer a la clase trabajadora, para considerar lícita
esa huelga.<o:p></o:p> 
 
<div class="MsoNormal">
Abundando aún más en la
consideración de Lamela en la idea de “una Huelga política es ilegal” sino es
estrictamente por motivos laborales, lo cual no es cierto, ya que el propio
Tribunal Constitucional reconoce en las sentencias 5SSTC 36/1993, de 8 de
febrero (FJ 3º), STC 37/1998, de 17 de diciembre (RTC 1998, 37) que una
protesta por la política social llevada a cabo por el Gobierno no es una huelga
política pura sino que incide en el interés profesional de los trabajadores. En
definitiva, Lamela aplica una visión restrictiva y literal respecto a la
ilegalidad de una huelga política, mientras que como hemos visto, tanto el
Tribunal Supremo, como el Tribunal Constitucional amplia el marco legal del
derecho a huelga, adaptándose a la realidad social del ámbito laboral en España
actual y abandonando la visión postfranquista del  Real Decreto-Ley 17/1977 que separaba lo
político de lo laboral, lo cual es irracional en una sociedad democrática.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoNormal">
Otro aspecto del delito de
Secesión en el que insiste tanto la juez Lamela, como el Fiscal General es en
el carácter tumultuario de las acciones de protesta y en concreto se centran en
los incidentes de la Secretaria General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoNormal">
En dichos incidentes y cito
literalmente “Algunos de los congregados
pincharon ruedas y destrozaron diversos coches patrulla de la Guardia Civil.
Otros impidieron a los agentes de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía
y a los integrantes de la comisión judicial abandonar los edificios tras los registros
practicados. Otros manifestantes se sentaron sobre el asfalto delante de los
coches y furgonetas de la Guardia Civil para impedir su movilidad. Otros
procedieron a empujar a los agentes y a bloquear la salida de vehículos de la
Guardia Civil.” Quisiera llamar la atención en los siguientes elementos del
relato de la Fiscalía al describir a los manifestantes como “Algunos” y “Otros”,
lo que indica que eran una pequeña cantidad de personas entre la multitud de
manifestantes, lo que parece contradecir la definición de tumultuario y por otro
lado, al indicar que los funcionarios habían realizado sin impedimentos los
registros “tras los registros practicados”,
no parece cumplir con el artículo 544 sobre sedición, que especifica que es
necesario “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de
las Leyes” y en este caso, no se impidieron los registros, ni hubo una
muchedumbre de personas que de forma tumultuaria impidiera la salida de los
funcionarios, con lo cual parece bastante débil la acusación de sedición de la
Jueza Lamela y del Fiscal.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoNormal">
Séptimo y un poco a modo de anécdota
en referencia a la acusación de prevaricación del  artículo 404, me quiero referir al caso de la
Sra. Bassa, quien declaró que no se descontaría del salario del día de huelga a
los funcionarios que la secundasen.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoNormal">
Recordar que si bien la Sra Bassa
carecía de capacidad para descontar de los salarios el día de huelga, a los
funcionarios que acudiesen ya que las cuentas de la Generalitat estaban intervenidas
por el Ministerio de Hacienda, así que la declaración de la Sra Bassa era más
un deseo, que una realidad.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoNormal">
Finalmente una reflexión general,
la crítica a las actuaciones de la Audiencia Nacional no es una defensa del
proceso de Secesión en Cataluña, sino una defensa de los derechos esenciales
como la libertad de expresión, asociación, derecho a huelga, reunión, etc del
conjunto de la ciudadanía española 
frente al giro autoritario adoptado por el Partido Popular, Partido
Socialista y Ciudadanos. <o:p></o:p></div>
 
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoNormal">
No existe excepción frente a la
defensa de los derechos fundamentales, siempre y cuando no queramos por nuestra
indolencia una vuelta a los últimos años del franquismo y estemos dispuestos a
tirar a la basura las libertades conseguidas con mucho esfuerzo en 40 años de
democracia.<o:p></o:p></div>
</div>
</div>

La juez Lamela resucita el Código Penal del franquismo en el Proceso al Govern de Puigdemont

La juez Lamela, Magistrada del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional ha resucitado el Código Penal franquista de 1973 y que estuvo inalterado hasta 1983 y finalmente derogado e…

A ver si nos enteramos, ni España es soberana, ni Cataluña ha declarado la independencia

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
La crisis en Cataluña, parece haber unido a tirios y troyanos, en al menos un elemento esencial, todos ellos, sin excepción, nos han hecho creer a la ciudadanía, que el Parlamento catalán declaró la independencia el pasado día 27 de octubre, cuando eso, es absolutamente falso, el Parlamento Catalán NO APROBÓ NINGUNA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DE CARÁCTER VINCULANTE, así de simple.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="../../-htpxmgRFUxM/WfYj3V4HR6I/AAAAAAAAIvo/__JQFnhuofEsbsb9zFefDcPJOkQ-e1FxwCLcBGAs/s1600/CETA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="641" data-original-width="858" height="239" src="../../-htpxmgRFUxM/WfYj3V4HR6I/AAAAAAAAIvo/__JQFnhuofEsbsb9zFefDcPJOkQ-e1FxwCLcBGAs/s320/CETA.jpg" width="320"/></a></div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Por otro lado, en el Senado, se aprobaba después de 5 horas de debate, la aplicación  del artículo 155 de la Constitución, con el fin de invalidar la No Declaración de Independencia de Cataluña y volver al orden constitucional, orden que Cataluña no había abandonado ni en términos reales y mucho menos por lo que respecta al marco jurídico.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Entre esta amalgama de confusión creada por todos los actores políticos, con ayuda de todos los medios de comunicación de masas, al terminar la sesión plenaria del Senado número 24, que era la del debate sobre la aplicación del artículo 155, comenzó la sesión número 25, sin medios de comunicación que cubrieran lo que se iba a debatir y sin la presencia de ningún miembro del Gobierno de España, como había ocurrido unos minutos antes en la sesión 24.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Esta segunda sesión plenaria del Senado el día 27 de octubre tenía tan sólo un punto a debatir titulado “<a href="http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionesplenarias/pleno/rwdsesionespleno/detalle/index.html?id=32&legis=12">ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL ENTRE CANADÁ, POR UNA PARTE, Y LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 30 DE OCTUBRE DE 2016. COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES (Núm. exp. 610/000034)</a>”, traducido a un lenguaje comprensible para todos, se votaba la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, más conocido por el acrónimo en inglés CETA y hermano menor del acuerdo de libre comercio más conflictivo, el TTIP.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Si comparamos la sesión de aprobación del 155 contra la No Independencia de Cataluña, a la que se dedicó más de 5 horas, mientras que a la pérdida de soberanía de España con la ratificación del Senado del Acuerdo de Libre comercio con Canadá, el CETA, fue suficiente  con 49 minutos, se deduce que a nadie parece importarle en términos reales la soberanía de España y tanto el PP, el PNV y su enconado archienemigo de los demócratas constitucionalistas, el PdeCat, dejaron al margen sus desavenencias, para ir de la mano en la votación a favor de la aprobación del CETA y en esta ocasión, ni a unos, ni a otros les preocupo la pérdida de soberanía de España, o de Cataluña.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe width="320" height="266" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/EpQVF7iIV2c/0.jpg" src="https://www.youtube.com/embed/EpQVF7iIV2c?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
El resultado de la votación de aprobación del CETA fue con 157 votos a favor (PP, PNV,<a href="http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionesplenarias/pleno/rwdsesionespleno/detalle/votaciones/index.html?sp=32&legis=12&id1=25&id2=644&ord=A&gp=GPN">PdCat</a>); 20 en contra (Podemos) y 60 abstenciones (PSOE).</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
En este contexto corrompido por los intereses políticos y los réditos electorales a corto plazo, trataré de explicar de manera rápida, porque no se declaró la Independencia de Cataluña el pasado 27 de Octubre en el Parlamento catalán.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
En el trabajo diario de los diferentes parlamentos de España, además de Leyes y Reglamentos que tienen carácter vinculante y por lo tanto un efecto jurídico inmediato, existen otras fórmulas de trabajo de carácter no vinculante como son las Proposiciones No de Ley (PNL) y las Propuestas de Resolución.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
No voy a ser yo quien defina la Propuesta de Resolución, sino que me remitiré al <a href="../../document/serveis/173763.pdf">glosario del Parlamento catalán</a> donde se define:” Iniciativa para impulsar la acción política y de gobierno, que puede dirigirse al Gobierno o a los ciudadanos. Las propuestas de resolución pueden tramitarse en la comisión que corresponda por razón de la materia o en el Pleno. Véase también «resolución».”</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Y precisamente cuando vamos a leer la definición de Resolución, nos encontramos con el siguiente texto: “Declaración por la que el Parlamento manifiesta una opinión o una voluntad, propone actuaciones o muestra su apoyo a alguien. Una resolución puede dirigirse al Gobierno, a los ciudadanos, a los medios de comunicación o al propio Parlamento. No es un texto normativo y, por lo tanto, no tiene la fuerza vinculante de la ley, pero sí fuerza de compromiso político.”</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Entonces, si no es un texto normativo, ni tiene fuerza vinculante de Ley, ¿cómo es posible que todos los partidos políticos, sin excepción y todos los medios de comunicación de masas, afirman que se materializó la independencia de Cataluña en el Parlamento catalán, cuando es absolutamente falso?</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Por si alguien piensa que la definición de Propuesta de Resolución puede estar amañada por presentar como fuente el glosario del Parlament, pongamos como referencia el <a href="http://www.asambleamadrid.es/ES/OpcionesNavegacion/Paginas/glosario_terminos.aspx">Glosario de la Asamblea de la Comunidad de Madrid</a>, donde se explica de manera meridiana que: “propuestas de resolución por parte de los Grupos Parlamentarios y, en su caso, a la aprobación de resoluciones que no tienen carácter vinculante para el Gobierno.”</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Parece que el hecho que Cataluña no haya declarado unilateralmente la independencia ha generado una situación muy parecida a la creada por Orson Welles en 1938 al transmitir por la radio la obra de H.G Wells “La Guerra de los Mundos”. Welles fue capaz de hacer creer a una enorme cantidad de ciudadanos norteamericanos, que aquella narrativa fantástica, era algo real. Exactamente lo mismo que ocurre en España en estos momentos.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
La única explicación para este episodio psicótico sobre la declaración unilateral de independencia es que tanto el PdCat, partido desprestigiado por múltiples escándalos de corrupción y a punto de desaparecer, este refundándose bajo una falsa narrativa, por cierto narrativa independentista que  parece que va a no tener consecuencias penales reales para los líderes del PdCat.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Esta renovación de imagen del partido de los recortes sociales, el PdCat, le da una oportunidad recuperar posiciones en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Por otro lado, el partido corrupto del PP, ha conseguido tapar los titulares de las sentencias de la Trama Gurtel, etc, al mismo tiempo de obtener un prestigio extra por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no sólo entre sus bases, sino que le puede permitir bucear entre los electores que siguen a Susana Díaz, PSOE, a los de  Ciudadanos y a algún descarriado de Vox.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Por lo que respecta al resto de los partidos políticos, simplemente se limitan a seguir la corriente dominante, para mantener o perder los menos votos posibles.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Como se puede comprobar, el Régimen del 78 está siguiendo a rajatabla la norma creada por Goebbels ““Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá.”</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Por lo que respecta a la aprobación por parte del Senado del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, CETA, es simplemente  una pérdida de soberanía de España que con tanta vehemencia parecen defender partidos como el PP.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe width="320" height="266" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/7OEKeMCHfEg/0.jpg" src="https://www.youtube.com/embed/7OEKeMCHfEg?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
En el otro lado de la moneda, el PNV y el PdCat, defensores de la independencia de sus respectivos pueblos, el vasco y el catalán, apoyan sin fisuras la cesión de soberanía a las grandes corporaciones a través del Tribunal de arbitraje en los conflictos entre estados e inversores y que se rige bajo la normativa ISDS.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
El CETA no sólo servirá para que cualquier legislación social o laboral de parlamentos legítimos se convierta en una traba no arancelaria y como consecuencia de ello, los Estados se verán obligados, si es que siguen con dichas reformas, a indemnizar en millones de euros a las corporaciones, no por las pérdidas reales por dicha legislación, sino por las pérdidas de beneficios calculadas por las propias multinacionales en un tiempo futuro.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Tampoco olvidemos que este tipo de Tratado, si bien no permite ser utilizado por las compañías del país para demandar al Estado, sí que permite que empresas subsidiarias de multinacionales ubicadas en el país contraparte del Acuerdo puedan demandar al Estado  donde su matriz tiene la sede central.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Por si alguien duda de lo dicho, me remitiré simplemente a las declaraciones que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro hizo cuando explico la intervención de las cuentas de la Generalitat y donde reconoció que cada país miembro de la Unión Europea cedía una parte de su soberanía no sólo a la UE, sino también a los Tratados Internacionales que esta firmara y que eran vinculantes para España y de obligado cumplimiento.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe width="320" height="266" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/4_X8AuO-58w/0.jpg" src="https://www.youtube.com/embed/4_X8AuO-58w?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Desde mi punto de vista, es necesario denunciar a toda esta pléyade de partidos sin patria, pero eso  sí, con pulserita de la bandera y cuenta en Suiza para que la ciudadanía dormida, despierte y exija una nueva Constitución de la que nazca la Tercera República Española y por lo menos intentar dirigir nuestro destino como Nación basada en los ciudadanos y no en la propiedad o en los límites geográficos.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Quiero terminar este artículo con un  extracto del discurso en contra del CETA de la senadora Villanueva y que comparto plenamente:" Esa Constitución que ustedes dilapidan día sí y día también para acabar convirtiéndola en un papel mojado en el que firmaron su modificación en el verano de 2011, con nocturnidad y alevosía, del 135 al 155, que hoy acaban ustedes de aprobar. Con el 135 acabaron con el pacto social, priorizaron el pago de la deuda de buitres financieros en vez de nuestros servicios sanitarios o de educación; y, ahora, con el 155, señorías, ponen fin al pacto territorial, suspenden las autonomías e intervienen parlamentos. Con el CETA también pondrán ustedes fin al pacto democrático y el de la justicia igualitaria." </div>
</div>

A ver si nos enteramos, ni España es soberana, ni Cataluña ha declarado la independencia

La crisis en Cataluña, parece haber unido a tirios y troyanos, en al menos un elemento esencial, todos ellos, sin excepción, nos han hecho creer a la ciudadanía, que el Parlamento catalán declaró la …

Ciudadanos la aplicación de la Startup del Neoliberalismo

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="#"><img border="0" data-original-height="446" data-original-width="1171" height="151" src="../../-25X-IXWVPaU/We4KWy1xXbI/AAAAAAAAIvU/eG1lYJh4eJ0LI5serAIoEkYySTirMDcHQCLcBGAs/s400/Ciudadanos.jpg" width="400"/></a></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Estos días estoy escuchando más
de lo habitual que el Partido de Rivera, Ciudadanos, es un partido de la
ultraderecha, a raíz de su obsesión por aplicar a toda costa el artículo 155 de
la Constitución en Cataluña.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Creo que la calificación de
ultraderecha de Ciudadanos presupone que este partido político tiene una
ideología, lo cual desde mi punto es mucho suponer.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Ciudadanos no es más que un
conjunto de aplicaciones, que en las últimas elecciones consiguió 3.141.570
descargas, de una Startup creada por el neoliberalismo y cuyo objetivo es
generar una inestabilidad que permita la aplicación de la Doctrina del Shock
con el fin de aumentar la represión social.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Desde el 11S, se  ha comprobado que ya no es necesario implantar
una dictadura militar para defender los intereses neoliberales, simplemente es
suficiente generar un estado de caos que enerve el miedo o la inseguridad de la
población para que la misma ciudadanía sea la que de manera voluntaria pida
recortes en sus derechos esenciales.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Un ejemplo de estos recortes es
la aplicación incorrecta del artículo 155 de la Constitución a Cataluña.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Porque digo incorrecta, en primer
lugar por el Gobierno de la Generalitat ha respondido a los requerimientos del
Gobierno de acuerdo con lo que se les pedía, dejaron claro que no se había
declarado la independencia y de lo cual se infiere que continúan en el marco
constitucional.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
En segundo lugar, existe una
contradicción entre lo que pide el Gobierno del Partido Popular en los
requerimiento a la Generalitat y que gira entorno a la declaración de
independencia y el argumento utilizado para la petición de la aplicación del
artículo 155 al Senado que se corresponde con esta parte del texto “o actuare
de forma que atente gravemente al interés general de España”<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Este argumento nada tiene que ver
con el independentismo ya que cuando el gobierno habla de interés general, en
realidad se refiere a lo que se denomina “orden público económico”, por eso
Rajoy incide en el impacto negativo en la economía catalana, española y europea
del proceso soberanista.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Como se ve, hay una contradicción
entre lo que se pide en los requerimientos y lo que se argumenta para la
votación del Senado, por lo tanto la petición de aplicación del artículo 155 es
nula por error en el procedimiento.<o:p></o:p></div>
 
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
En este mar revuelto pesca la
aplicación antisistema Ciudadanos tensando a la sociedad y a un sistema
político como el del 78, con los pies de barro.<o:p></o:p></div>
</div>

Ciudadanos la aplicación de la Startup del Neoliberalismo

Estos días estoy escuchando más de lo habitual que el Partido de Rivera, Ciudadanos, es un partido de la ultraderecha, a raíz de su obsesión por aplicar a toda costa el artículo 155 de la Constitució…

Texto completo del Argumentario del Gobierno del Partido Popular para la aplicación del artículo 155 de la Constitución del 78

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="WordSection1">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="../../--5Dc0ESUbLs/WetE6fMcnzI/AAAAAAAAIvE/ydlsWd7obDIrW-aKpz2cIp13xmlwtNdrgCLcBGAs/s1600/Regimen78.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="770" height="179" src="../../--5Dc0ESUbLs/WetE6fMcnzI/AAAAAAAAIvE/ydlsWd7obDIrW-aKpz2cIp13xmlwtNdrgCLcBGAs/s320/Regimen78.jpg" width="320"/></a></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .1pt;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .1pt;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .1pt;">
Texto del argumentario completo del Gobierno del Partido Popular para la aplicación del artículo 155 de la Constitución del 78.</div>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .1pt;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 10.0pt; margin-left: 169.65pt;">
<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<h1 style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 11.2pt; margin-top: 3.45pt;">
A.- EL ARTÍCULO 155 COMO GARANTÍA
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES.<o:p></o:p></h1>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .55pt;">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 10.65pt; margin-top: 3.45pt; text-align: justify;">
El artículo 155 se integra dentro de los mecanismos constitucionales que tienen por objeto garantizar el orden constitucional en el caso de incumplimiento de las obligaciones constitucionales por una Comunidad Autónoma o que atente
gravemente contra el interés
general.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 10.65pt; text-align: justify;">
Dicho artículo ha sido delimitado por el Tribunal Constitucional a lo largo de su jurisprudencia. Así, la STC 215/2014 ha afirmado que el artículo 155 “opera
como medida de último recurso
del Estado ante una situación
de incumplimiento, manifiesto y contumaz,
deliberado o negligente, de una determinada Comunidad Autónoma,
que no ha adoptado,
primero, por propia iniciativa, y luego, a instancia
del Estado, las medidas oportunas para corregir
la desviación en la que ha incurrido”. A su vez, la STC 4/1981 califica al artículo 155 como uno de los preceptos
constitucionales “consecuencia del principio de unidad
y de supremacía del Interés de
la Nación”.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 99%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 10.65pt; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
La STC 25/1981 considera al artículo 155 como un precepto revelador de que la defensa específica del “interés
general del Estado” corresponde al Gobierno
de la Nación y más aún actúa como garantía
de “los derechos fundamentales por cuanto fundan un status jurídico-constitucional unitario para todos los españoles
y son decisivos
en igual medida para la configuración del orden democrático en el Estado central
y en las Comunidades Autónomas, son elemento
unificador, tanto más cuanto el cometido
de  asegurar  esta
unificación, según el
artículo 155 de la Constitución,
compete al Estado.”<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .1pt;">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 10.8pt; text-align: justify;">
Asimismo, la STC 49/1988
lo califica como medio extraordinario de coerción no aplicable
a supuestos normales
y la STC 27/1987
lo sitúa como medio de “control excepcional
de las Comunidades Autónomas por el
Estado”.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .45pt;">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 10.75pt; text-align: justify;">
En el ámbito del Derecho
comparado, es común la existencia de mecanismos constitucionales que aseguren en Estados
compuestos la unidad del Estado y el
respeto por parte de sus
miembros del orden
constitucional.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 10.55pt; text-align: justify;">
El artículo
155 de nuestra
Constitución de 1978, inédito hasta entonces en nuestra historia constitucional -la Constitución de la II República carecía de tal instrumento-, tiene su reflejo en distintos mecanismos de coerción, intervención o ejecución
en diferentes sistemas
constitucionales de nuestro
entorno.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 10.7pt; text-align: justify;">
Es reconocido que la redacción
del artículo 155 tiene su origen en
el
artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. Asimismo, podemos mencionar los mecanismos previstos, entre otros, en el artículo
52 de la Constitución helvética, en el artículo
100 de la Constitución Austriaca, el artículo
126 de la Constitución Italiana, el artículo 238 de la Constitución Portuguesa o el artículo<o:p></o:p></div>
<div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;">
4.4 de la Constitución de los Estados
Unidos de América.<o:p></o:p></div>
</div>
<span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> 

 
<div class="WordSection2">
<div class="MsoBodyText" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 5.7pt; margin-top: 4.45pt; text-align: justify;">
En este marco,
el artículo 155 como norma de excepción
permite al Estado
adoptar medidas para restablecer el orden constitucional o para prevenir, en su caso, un grave daño al interés general, respetando, en todo momento,
la existencia de la Comunidad
Autónoma, sus instituciones
y su
estatuto.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.65pt; text-align: justify;">
Conviene recordar que en nuestra
historia constitucional fue activado
el mecanismo del artículo 155 frente a una Comunidad
Autónoma en el año 1989 por el incumplimiento de sus obligaciones en el ámbito fiscal y bastó el requerimiento para que dicha Administración cesara en su comportamiento sin necesidad, en consecuencia, de acudir al Senado para la adopción
de medidas ulteriores.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .05pt;">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.8pt; text-align: justify;">
Si se consideró una situación extraordinaria el incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de una Comunidad Autónoma,
en la situación actual es palmario
el incumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte de la Comunidad Autónoma que, a su vez, pone en grave riesgo el interés general de la Nación.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<h1 style="margin-right: 5.9pt; text-align: justify;">
B.- CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS HABILITANTES PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO
155.<o:p></o:p></h1>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .55pt;">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 5.7pt; margin-top: 3.45pt; text-align: justify;">
El artículo
155 configura un doble presupuesto de hecho posible para su aplicación: el que la Comunidad Autónoma no cumpliere
las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y que actuase
de forma que atente
gravemente al interés
general de España.
Ambos concurren en el presente
caso.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 6.1pt; text-align: justify;">
El incumplimiento de los preceptos constitucionales o de la correspondiente ley que imponga obligaciones a la Comunidad Autónoma, y la afectación al interés
general, debe ser efectivamente grave y así apreciarse por el Gobierno,
a la vista de las circunstancias, a fin de invocar adecuadamente
el artículo 155.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="line-height: 99%; margin-right: 5.8pt; text-align: justify;">
En efecto, el ejercicio
por el Gobierno de la Nación en nombre del Estado de las facultades previstas en dicho precepto
tiene su origen en el incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por sus máximas instituciones gubernamentales y parlamentarias, de sus obligaciones constitucionales, a través
de la puesta en marcha de un proceso de secesión
de dicha Comunidad Autónoma del Estado español,
con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal
Constitucional, afectando
de manera grave al interés general
de España.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.75pt; text-align: justify;">
Dicho incumplimiento por parte de la Comunidad
Autónoma de Cataluña
contraviene, como ha afirmado
reiteradamente el Tribunal
Constitucional, de manera palmaria
la Constitución española,
que en su artículo
1.2 consagra la soberanía
nacional del pueblo español, y en su artículo
2 garantiza la indisoluble unidad de la Nación española,
impidiendo cualquier modificación de dichos
preceptos fuera del
procedimiento previsto en su artículo 168.<o:p></o:p></div>
</div>
<span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> 

 
<div class="WordSection3">
<div class="MsoBodyText" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 5.8pt; margin-top: 2.65pt; text-align: justify;">
El Tribunal
Constitucional desde el año 2014 ha venido anulando, a través
de un gran número de sentencias y autos, el llamado
proceso secesionista, y requiriendo de forma continuada a las instituciones catalanas para que actuaran en
el respeto al marco constitucional y estatutario.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.6pt; text-align: justify;">
En dicha jurisprudencia reiterada, el Tribunal
Constitucional ha constatado la voluntad
de ruptura del marco
constitucional en la distribución territorial del poder político,
al pretender situarse a la Comunidad Autónoma de Cataluña
como un ente soberano y, por tanto, no sometido en su toma de decisiones
a la
Constitución española
de 1978 y a su Estatuto de Autonomía. Una manifiesta negación de todo el orden constitucional en su conjunto por cuanto intenta
ni más ni menos que quebrar los principios constitucionales de unidad, igualdad y respeto a la ley, romper el modelo autonómico español, así como menoscabar la soberanía
nacional que reside en el conjunto
del pueblo español.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.6pt; text-align: justify;">
Todo ello ha producido una grave afección al modelo
de convivencia constitucional, a los derechos del conjunto
de los españoles, titulares
de la soberanía nacional, y ha generado daños ya constatables por la inestabilidad política generada que menoscaban el bienestar
económico y social del conjunto
de los catalanes.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.6pt; text-align: justify;">
Pese a todos estos pronunciamientos, las Instituciones de la Generalidad de Cataluña han continuado en su deriva secesionista. Tanto el Parlamento de Cataluña como el Gobierno
de la Generalidad, haciendo caso omiso a las resoluciones del Tribunal
Constitucional, han adoptado resoluciones, normas y Leyes, especialmente las Leyes 19/2017,
de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación, y 20/2017,
de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, abiertamente contrarias a la Constitución, suspendidas inmediatamente por el Tribunal Constitucional y anulada
ya la primera de ellas por Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de octubre de 2017. Fueron además aprobadas en sesiones
del Parlamento de Cataluña, las de los días 6 y 7 de septiembre, en la que se omitieron todas las garantías democráticas, con pleno conocimiento de la vulneración del Reglamento del Parlamento de Cataluña, contra el criterio
del Letrado Mayor y el Secretario General de la Cámara, y contra el criterio
del Consejo de Garantías Estatutarias. En aquellos debates se desveló,
así, finalmente en todos sus detalles la hoja de ruta del proceso secesionista, consistente en tratar de
imponer (“referéndum sí o sí”) la convocatoria ilegal de un supuesto
referéndum de autodeterminación a sabiendas
de la imposibilidad del Estado de aceptar tal planteamiento inconstitucional, de modo que se adoptara
posteriormente la declaración
unilateral de independencia.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.8pt; text-align: justify;">
Finalmente, como se expondrá a continuación, el Presidente de la Generalidad, en contestación al requerimiento formulado por el Gobierno de la Nación,
ha reiterado la declaración efectuada en su comparecencia el 10 de octubre
de 2017 en el Parlamento de Cataluña, afirmando que “el pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de los
electores”.<o:p></o:p></div>
</div>
<span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> 

 
<div class="WordSection4">
<div class="MsoBodyText" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 5.6pt; margin-top: 2.65pt; text-align: justify;">
Por ello, se ha producido no solo un incumplimiento de obligaciones constitucionales concretas sino que su actuación ha afectado
gravemente al interés
general de España,
vulnerando principios fundamentales de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía
de Cataluña situándose, como afirma la sentencia del Tribunal
Constitucional de 17 de octubre de 2017, al margen por completo
del régimen constitucional y estatutario. En los términos
que se expondrán
más adelante, la contestación del requerimiento formulado por el Gobierno de la Nación pone de manifiesto la deliberada voluntad de persistir
en la secesión
de España y atentar de modo flagrante
contra la soberanía nacional del pueblo español,
y la integridad territorial del Estado,
que son pilares básicos de la Constitución española.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.7pt; text-align: justify;">
Junto con ello, las pretensiones secesionistas están motivando ya un serio deterioro
del bienestar social y económico en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Se ha provocado una progresiva fractura de la convivencia y se han puesto
en riesgo las condiciones para el crecimiento económico. Cabe destacar
que, en las últimas semanas, cientos de empresas han trasladado sus domicilios sociales fuera de Cataluña.
Entre ellas, seis de las siete del Ibex35 y un gran número
de empresas relevantes por su tamaño,
tradición y arraigo
social en Cataluña.
También se está viendo
afectada la actividad
turística, donde se está registrando una drástica
caída de las reservas. En el ámbito
industrial, se está produciendo una disminución en el número de pedidos
de automóviles, y en el ámbito
del comercio interior, se está observando una bajada de las ventas en grandes
superficies. También es destacable que dos de las principales agencias de calificación crediticia alertaran sobre la posible
bajada de la calificación de la Generalidad unos días después del 1 de octubre
y advirtieran de los riesgos de una
posible desaceleración económica, e incluso recesión, en la Comunidad
Autónoma.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.85pt; text-align: justify;">
Estos hechos
están afectando a la evolución
económica en Cataluña
y contrastan con el dinamismo
económico que venía mostrando hasta
ahora.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<h1 style="text-align: justify;">
C.- REQUERIMIENTO PREVIO NO ATENDIDO.<o:p></o:p></h1>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .55pt;">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="line-height: 99%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 5.55pt; margin-top: 3.5pt; text-align: justify;">
Ante tal situación el Gobierno
de la Nación procedió a activar el artículo 155 de la Constitución española, al efectuar
el requerimiento previo
que tal norma recoge.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .05pt;">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 6.05pt; text-align: justify;">
Tal requerimiento se formuló
por Acuerdo de Consejo
de Ministros de 11 de octubre
de 2017, en los
siguientes términos:<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .45pt;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 6.0pt; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
“A.- Requerir al M. H. Sr. Presidente de la Generalidad de Cataluña, en su condición
de más alto representante de la Generalidad y de representante ordinario del Estado en Cataluña, al amparo del artículo 155 de la Constitución española, a fin de que:<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 6.1pt; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
1.- El  Presidente 
de Generalidad confirme si alguna
autoridad de la Generalidad de Cataluña ha declarado
la independencia de Cataluña y/o si en su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el pleno del Parlamento implica la declaración de independencia al margen de que esta se encuentre o no en<o:p></o:p></div>
</div>
 

 
<div class="WordSection5">
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 0cm; margin-top: 2.55pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">vigor.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 6.0pt; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
2.- Comunique de forma fehaciente al Gobierno
de la Nación su respuesta afirmativa
o negativa antes de las
10:00 horas del próximo 16 de octubre.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 5.65pt; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
B- En el caso que la respuesta
sea afirmativa y a estos efectos la ausencia
de contestación y/o cualquier
contestación distinta a una simple
respuesta afirmativa o negativa
se considerará confirmación, se le requiere, de acuerdo
con el artículo 155
de la
Constitución, a fin de que:<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 5.8pt; margin-top: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 20.0pt; text-align: justify; text-indent: 0cm;">
1.  
Por el Presidente y el Gobierno
de Generalidad de Cataluña se revoque y ordene la revocación de dicha declaración de independencia a fin de restaurar
el orden constitucional y estatutario, ordenando el cese de cualquier actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del denominado proceso constituyente, tendente a la declaración y configuración de Cataluña
como Estado independiente del resto de España, con cumplimiento íntegro de las resoluciones
dictadas por el Tribunal Constitucional.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 5.85pt; margin-top: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 20.0pt; text-align: justify; text-indent: 0cm;">
2.  
<span style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 12.0pt; letter-spacing: -.05pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;">Comunique<span style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 12.0pt; letter-spacing: 1.35pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"> el presente requerimiento a la Sra. Presidenta y a la Mesa del Parlamento de Cataluña, requiriéndoles igualmente la restauración del orden constitucional y estatutario, en los mismos términos realizados al presidente y al gobierno
de Cataluña.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 6.0pt; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
3.- Comunique de forma fehaciente al Gobierno
de la Nación, el cumplimiento íntegro
de este requerimiento tanto del Gobierno
de la Generalidad como del Parlamento de Cataluña antes de las 10:00 horas del
próximo 19 de octubre.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 99%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 5.8pt; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 12.0pt; letter-spacing: -.05pt; line-height: 99%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;">C.-<span style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 12.0pt; letter-spacing: 1.3pt; line-height: 99%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"> <span style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 12.0pt; line-height: 99%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;">Poner en conocimiento del Sr. Presidente de la Generalidad de Cataluña, en su condición
de más alto representante de la Generalidad y  de representante ordinario del Estado en Cataluña,
que, en caso de no atenderse
el presente requerimiento, el Gobierno
de la Nación, en cumplimiento de sus funciones
atribuidas por la Constitución, propondrá al Senado la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de sus obligaciones constitucionales y para la protección del interés
general, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 155 de la Constitución española para restaurar
el orden constitucional y estatutario vulnerado."<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .15pt;">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.9pt; text-align: justify;">
En las cartas dirigidas por el Presidente de la Generalidad de Cataluña con fechas
16 y 19 de octubre obviando la contestación al requerimiento formulado por el Presidente del Gobierno de la Nación con fecha 11 de octubre,
no se da una respuesta
afirmativa o negativa
en relación con la pregunta
formulada en éste, siendo así que en el propio
requerimiento se advertía que cualquier contestación distinta a la afirmación o a la negación
se consideraría confirmación de la pregunta; es decir,
a la pregunta formulada sobre “si su declaración del 10 de octubre
ante el Parlamento de Cataluña implica una declaración de independencia de Cataluña,
al margen de que ésta se encuentre o no en vigor” el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña
no ha contestado afirmativa ni negativamente, lo cual ya de por sí, es motivo suficiente
para entender desatendido el
requerimiento.<o:p></o:p></div>
</div>
<span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> 

 
<div class="WordSection6">
<div class="MsoBodyText" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 5.65pt; margin-top: 2.65pt; text-align: justify;">
A lo expuesto debe añadirse que el pasado
17 de octubre -con posterioridad por tanto al requerimiento formulado, y siendo ya un hecho notorio
para el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña cuando éste responde a dicho requerimiento el 19 octubre-,
el Tribunal Constitucional dictó sentencia anulando la Ley 19/2017, del referéndum de autodeterminación de Cataluña, por “contrariar los principios esenciales
de
nuestro ordenamiento constitucional: la soberanía nacional,
residenciada en el pueblo español, la unidad misma de la Nación
constituida en Estado
social y democrático de Derecho,
y la propia supremacía de la Constitución”, afirmando que “ningún
poder constituido puede pretender situarse por encima de la norma fundamental” y que “un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad
merecedora de acatamiento”. De igual modo considera
que “la supremacía que la Ley 19/2017 pretende para sí proviene
de la consideración que la misma hace del pueblo de Cataluña como “sujeto político soberano”, afirmación que está en abierta
contradicción con el artículo 1.2 CE. “Ni el pueblo de Cataluña
es
‘titular de un poder soberano,
exclusivo de la Nación española
constituida en Estado’ ni puede,
por lo mismo, ser identificado como un ‘sujeto
jurídico que entre en
competencia con el titular de la soberanía
nacional”.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.8pt; text-align: justify;">
Pese a ello,
el Presidente de la Generalidad de Cataluña
declara desde el mismo comienzo de su carta que “El pueblo de Cataluña,
el día 1 de octubre,
decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de los electores”, dando así plena validez y carácter vinculante al resultado
de un supuesto referéndum previamente suspendido y posteriormente anulado por el Tribunal Constitucional, activando de esta forma el procedimiento previsto en el artículo 4 de la precitada
Ley 19/2017 ya anulada. En este sentido, no puede desconocerse que el mismo día en que se produjo
la declaración del Presidente de la Comunidad
Autónoma de Cataluña
que motivó el requerimiento, se produjo
una declaración extra-parlamentaria de independencia de Cataluña
suscrita por los mismos parlamentarios que sustentan la mayoría que nombró al Presidente requerido, el cual también
suscribió dicha declaración, erigiéndose todos ellos en “los legítimos representantes
del pueblo de Cataluña”.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.6pt; text-align: justify;">
De esta forma, y dando carta de naturaleza a un pretendido referéndum declarado inconstitucional, la máxima autoridad
de la Comunidad
Autónoma de Cataluña ha ignorado
de plano con su respuesta
la conclusión del máximo garante de la Constitución cuando en su sentencia
de 17 de octubre
señala que “lo que a todos afecta, es decir, la permanencia o no de ese Estado común en que España quedó constituida, no podría,
llegado el caso, sino ser reconsiderado y decidido también por todos; lo contrario entrañaría, con la ruptura
de la unidad
de la ciudadanía, la quiebra,
en términos jurídico- constitucionales, de la Nación
de todos”. De igual modo, confirma la ruptura
frontal con el orden constitucional y estatutario de dicha Comunidad Autónoma, sin voluntad
alguna de proceder
a su restauración, siendo así que en el requerimiento se le intimaba, en caso de contestar
afirmativamente a la pregunta,
o de dar una respuesta
distinta a la afirmativa o negativa,
a que ordenase “el cese de cualquier
actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del denominado proceso constituyente, tendente a la declaración y<o:p></o:p></div>
</div>
<span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> 

 
<div class="WordSection7">
<div class="MsoBodyText" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 6.1pt; margin-top: 2.65pt; text-align: justify;">
configuración de Cataluña
como Estado independiente, con cumplimiento íntegro de las resoluciones dictadas por el tribunal
Constitucional”.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.65pt; text-align: justify;">
Resulta patente
que la máxima autoridad de la Comunidad
Autónoma no ha procedido a cumplir
con lo ordenado, sin que conste,
de igual forma,
que se haya comunicado el requerimiento a la Presidenta y a la Mesa del Parlamento de Cataluña
a fin de que restauren
también el orden constitucional y estatutario, poniendo con ello de manifiesto su absoluto
desprecio a la separación entre los poderes ejecutivo y legislativo, y evidenciando que ambas instituciones -Gobierno de la Generalidad y Parlamento de Cataluña- actúan como si
de un solo poder y
una sola voluntad se trataran.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.65pt; text-align: justify;">
Por todo lo expuesto, se constata
que no ha sido atendido
el requerimiento formulado
el pasado 11 de octubre, reiterando el incumplimiento frontal de las obligaciones constitucionales y estatutarias por la Comunidad Autónoma de Cataluña,
con grave riesgo al interés general.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<h1 style="text-align: justify;">
D.- OBJETIVO Y NECESIDAD
DE LAS MEDIDAS DEL ARTÍCULO
155.<o:p></o:p></h1>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .55pt;">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 6.0pt; margin-top: 3.45pt; text-align: justify;">
Los precedentes hasta ahora detallados ponen de manifiesto las reiteradas desatenciones al orden constitucional y la contumacia mostrada por los impulsores del denominado “proceso soberanista”, desde las distintas instituciones en las que tienen
algún tipo de poder o influencia, ignorando e incluso contraviniendo abiertamente el marco legislativo y las reglas democráticas
sobre los que se sustenta nuestro Estado de Derecho.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.9pt; text-align: justify;">
Dicha actitud, además de intolerable, no resulta
ni mucho menos inocua.
La deriva independentista y su expresión en planteamientos ilegales, están afectando gravemente a la vida política, económica y social en Cataluña. Así, en los últimos tiempos, se está evidenciando un profundo
deterioro de las bases de la convivencia, del bienestar social y del crecimiento económico en la Comunidad Autónoma, y se están poniendo en serio riesgo
los fundamentos del progreso del conjunto
de la sociedad catalana, generando un creciente
desconcierto y una aquilatada desconfianza, entre los ciudadanos y hacia las instituciones.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .45pt;">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.65pt; text-align: justify;">
Se constata,
así, que los gobernantes de Cataluña
no han respetado, ni la legalidad sobre la que se asistenta nuestra democracia, ni el interés general al que
nuestras leyes responden.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.5pt; text-align: justify;">
Una situación
improrrogable, por las causas que la motivan
y las consecuencias que provoca,
que es preciso atajar mediante
la activación de las
facultades que el artículo 155 de la Constitución otorga al Gobierno
de la Nación, en cuanto precepto que persigue y preserva
-precisamente- estos fines.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 6.15pt; text-align: justify;">
Por este motivo, las medidas propuestas en el marco de este procedimiento se plantean de forma garantista, persiguiendo en todo caso asegurar derechos y no restringir libertades, y respondiendo en todo caso a cuatro grandes objetivos:
 restaurar  la  legalidad  constitucional
 y
 estatutaria,  asegurar  la<o:p></o:p></div>
</div>
<span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> 

 
<div class="WordSection8">
<div class="MsoBodyText" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 6.15pt; margin-top: 2.65pt; text-align: justify;">
neutralidad institucional, mantener el bienestar
social y el crecimiento económico,
y asegurar
los derechos y libertades
de todos los catalanes.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 6.05pt; text-align: justify;">
En primer lugar,
es objetivo de las medidas
propuestas restaurar la legalidad
constitucional y estatutaria en la Comunidad
Autónoma de Cataluña. Es éste un cometido irrenunciable desde la constatación de que las autoridades autonómicas han ignorado
la legalidad vigente,
tanto cuando han contravenido abiertamente sus disposiciones, como cuando han intentado alterar
sus principios y literalidad, de forma improcedente, fuera de los mecanismos previstos para ello.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.7pt; text-align: justify;">
No solo se han obviado
las bases legales
de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, para
plantear un proceso soberanista al margen de la legalidad y en contra
de la soberanía nacional, sino que se ha tratado de suplantar el marco constitucional y estatutario del
autogobierno de Cataluña,
en
apenas unas horas,
sin apenas debate
parlamentario, sin tiempo
para enmendar, sin atender a informes
jurídicos, sin mayorías
cualificadas y sin ningún tipo de pudor democrático. Han actuado sin reconocer el sometimiento a Ley alguna y, con ello, han invalidado su legitimidad como instituciones de autogobierno.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.75pt; text-align: justify;">
Por este motivo, resulta imprescindible asegurar el respeto a la Ley y al ordenamiento constitucional, desde los derechos
que ampara y hasta las obligaciones que establece, comenzando por su propio cumplimiento. Cumplir la Ley es y ha de ser una obligación que vincula especialmente a los responsables y representantes públicos, porque es condición
indispensable para el ejercicio de sus funciones, para la integridad de las instituciones que representan
y para
la confianza de los ciudadanos a los que sirven.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.65pt; text-align: justify;">
Es preciso, así, garantizar el funcionamiento del autogobierno en el marco de los principios y normas
a los que debe responder, fijados en la Constitución española y en el Estatuto de Cataluña, como elementos fundacionales de la propia autonomía catalana. Preservar ese autogobierno, es proteger
la autonomía.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .45pt;">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.75pt; text-align: justify;">
En segundo
lugar, es objetivo de estas medidas asegurar la neutralidad institucional, de forma que el interés
general de los catalanes sea, en todo caso, el principio
rector de sus responsables públicos por encima de los intereses políticos. Ese interés general, en el que confluyen
los grandes acuerdos sociales
sobre el bien común, debe ser el elemento inspirador de las políticas
públicas, más allá de los diferentes posicionamientos políticos.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.75pt; text-align: justify;">
Sin embargo,
el Gobierno de la Generalidad ha obviado
el interés general
de los catalanes en favor del ideario
independentista de una parte de ellos. Estos anhelos soberanistas, sin entrar a cuestionar su legitimidad en un sistema
democrático que ampara el pluralismo político, no pueden ser presentados como una demanda
unánime del conjunto
de los ciudadanos catalanes, no pueden traducirse en un discurso
único de imposición de la independencia y no puede, por encima de todo, traducirse en una declaración unilateral en este sentido.<o:p></o:p></div>
</div>
<span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> 

 
<div class="WordSection9">
<div class="MsoBodyText" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 5.8pt; margin-top: 4.45pt; text-align: justify;">
La Generalidad de Cataluña, y el conjunto de instituciones que componen el autogobierno, deben responder -siempre y en todo caso-
al bienestar de los ciudadanos y actuar
-siempre y en todo caso- en favor de todos ellos y no en respuesta a solo una parte. Las instituciones, como reflejo de la sociedad, deben respetar la diversidad que tanto la enriquece. Y los ciudadanos catalanes tienen,
como el conjunto
de los españoles, el derecho
a confiar en sus
instituciones.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 6.0pt; text-align: justify;">
Es preciso, por tanto,
asegurar que las instituciones de autogobierno, actúan con normalidad y neutralidad, atendiendo al conjunto
de los catalanes, a quienes
se deben. Sin intentar
colocar las ideas de unos por encima de los derechos
de todos y al margen del
ordenamiento constitucional.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .05pt;">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.85pt; text-align: justify;">
En tercer lugar, responder de forma debida al interés general de todos los catalanes
implica que sea objetivo
irrenunciable de estas medidas garantizar el mantenimiento de los servicios
públicos esenciales y de la recuperación económica.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 6.1pt; text-align: justify;">
Es un objetivo
indispensable y un requisito
imprescindible teniendo en cuenta que los planteamientos del denominado “proceso soberanista” han relegado a un papel marginal
las necesidades más básicas
de los ciudadanos catalanes, convirtiendo en la prioridad
de la agenda política
los requisitos del proceso y no las
necesidades de los servicios públicos.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.8pt; text-align: justify;">
Junto con ello, las incertidumbres generadas por las aspiraciones soberanistas, han generado
una amplia desconfianza, no solo en la propia sociedad, sino también
en los agentes económicos, provocando el traslado
de sedes sociales y fiscales de las empresas, desincentivando inversiones y desmotivando el turismo, uno
de los principales factores
de crecimiento
en Cataluña.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.8pt; text-align: justify;">
Ello, sin entrar
en que la pretendida independencia, generaría una serie de efectos económicos de impacto y magnitudes gravísimas, para los intereses de Cataluña y para el interés general
de España.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .45pt;">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.85pt; text-align: justify;">
Desde el punto de vista comercial, las pretensiones independentistas obvian que supondrían de iure el abandono de la Unión
Europea y la salida de la Organización Mundial del Comercio,
pasando a ser un país tercero
a efectos de las relaciones comerciales al que se le aplicarían los derechos
autónomos del Arancel
Exterior Común, además de controles aduaneros en frontera. Todo ello supondría una gran pérdida en términos de competitividad, crecimiento y empleo para una economía
en la que el comercio exterior supone el 70% del PIB.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.7pt; text-align: justify;">
Desde el punto de vista financiero, se obvia asimismo
que la salida inmediata
de Cataluña de la Unión Económica
y Monetaria, implicaría la ausencia
de representación en los órganos de gobierno de todas sus instituciones, de su amparo y sus beneficios, y en concreto de las facilidades del Banco Central
Europeo. Este hecho llevaría
a que, como ya está sucediendo en la actualidad, las  entidades
 de
 crédito  se  reubicasen
 fuera
 de
 Cataluña.  La  salida  de<o:p></o:p></div>
</div>
<span lang="EN-US" style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> 

 
<div class="MsoBodyText" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 5.1pt; margin-right: 5.7pt; margin-top: 2.65pt; text-align: justify;">
capitales junto al empeoramiento del saldo de la balanza comercial en Cataluña,
resultaría en un flujo de salida de euros hacia el resto de España y del mundo que impediría
la utilización de facto del euro como moneda en Cataluña. Incluso la creación de una moneda y un Banco central propios
resultaría inviable, por el elevado nivel de déficit público. Se harían
irremediables la expansión
monetaria, la inflación desproporcionada y la contracción del crédito,
con los consiguientes efectos sobre el consumo
y la inversión.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.75pt; text-align: justify;">
Desde el punto de vista de la financiación pública, las tensiones presupuestarias serían evidentes. Por el lado de los ingresos, la capacidad recaudatoria sería muy limitada,
en lo funcional
y en lo efectivo, por la erosión
de las bases imponibles en un contexto de contracción económica, el previsible desplazamiento de personas
y domicilios sociales,
y la falta de transferencias de España
y de la Unión Europea. Sin embargo
los gastos se verían incrementados, al tener que asumir
los hasta ahora sufragados por el Estado
español, lo que obligaría
a emitir deuda pública en los mercados, hecho que sería cada vez más gravoso en un contexto
de recesión en el que, además del sector público, el sector
financiero estaría
simultáneamente demandando financiación.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.85pt; text-align: justify;">
Por todo ello, la pretendida independencia de Cataluña
implicaría aislar una economía
que hoy está plenamente integrada en España,
en la UE y en el mundo. Supondría su aislamiento de los flujos financieros, de capitales
y comerciales. Esto llevaría a un empobrecimiento de la economía
de Cataluña de entre el 25% y el 30%, resultando una coyuntura
económica insostenible. Esta situación
no es en absoluto deseada respecto a un territorio y una sociedad que forman parte de España y que el Estado tiene el deber de proteger.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 6.2pt; text-align: justify;">
En cuarto lugar, el último de los objetivos
que justifica y fundamenta las medidas
propuestas en el marco de este procedimiento, es preservar
los derechos de todos los catalanes. Los derechos que las leyes les otorgan y que las
instituciones deben hacer efectivos.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-top: .45pt;">
 </div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.8pt; text-align: justify;">
Porque, cuando las instituciones incumplen y justifican el incumplimiento de la Ley, vienen a arrogarse la capacidad
de actuar fuera de cualquier
norma y de ejercer,
por ende, un poder sin control y sin límite. Una situación
en la que los derechos
y libertades de los ciudadanos quedan desprovistos de cualquier garantía y sometidos
a la voluntad y, más aún, la arbitrariedad de sus gobernantes. Un planteamiento absolutamente incompatible con las bases del sistema democrático que ampara la voluntad
del conjunto de los ciudadanos españoles
y catalanes desde
hace cuarenta años.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
 </div>
 
<div class="MsoBodyText" style="margin-right: 5.85pt; text-align: justify;">
Es por ello que resulta esencial
garantizar íntegramente esos derechos
y proteger, especialmente, la libertad, la seguridad
y la pluralidad que son consustanciales a un Estado de Derecho y a una democracia avanzada, y a los principios y fundamentos que la Constitución recoge y que, con este procedimiento, se quieren preservar.<o:p></o:p></div>
</div>